Se ha publicado la edición provisional del anuario. Destacamos los siguientes datos comparativos respecto al año anterior relacionados con los delitos de robo y atraco, así como la evolución de la actividad Seguridad Privada en materia de empresas instaladoras y Central Receptora de Alarmas (CRA):
- La tasa de criminalidad ha aumentado un 5%.
- Los robos con fuerza han aumentado un 2,5%. Si bien en domicilios han disminuido (2,1%) y en establecimientos han aumentado bastante (35%).
- Los atracos (robos con violencia o intimidación) han aumentado un 2,1%. Han aumentado más en domicilios (4,8%) que en establecimientos (0,34%), justo al revés que en los robos con fuerza
- El total de empresas de seguridad ha disminuido a 1.549. la tendencia a la baja continúa desde 2020.
- Las empresas que se dedican a Instalación y Mantenimiento de alarmas han bajado a 1.265 (42 menos). Las CRA han bajado a 128 (5 menos), una disminución mantenida desde 2019.
- Sin embargo, los contratos nuevos formalizados de todo tipo de servicios de seguridad han aumentado un 11%.
- Las conexiones a CRA han aumentado un 9%, alcanzando el acumulado de alarmas conectadas los 3.103.469.
- Los avisos comunicados a Policía han aumentado cerca de un 15% (82.516). Sin embargo, los dados a Guardia Civil han disminuido un 19%.
- Las inspecciones policiales a empresas de seguridad aumentaron un 14,62% (4.170). Las propuestas de sanción disminuyeron un 4,5%, pero el importe de lo cobrado ha aumentado un 79% (cerca de 6 millones de euros). Las tipificadas como muy graves aumentaron un 73%. Pero también han aumentado los recursos presentados, siendo los estimados el doble que el año anterior.
No facilitan, como antaño aparecían en el anuario, datos sobre falsas alarmas o sobre alarmas reales respecto a los avisos dados a FCSE, aunque podemos estimar en base a nuestra experiencia que no más de un 20% de los avisos dados acaban siendo robos o atracos reales. Las falsas alarmas siguen siendo un problema que irá a más dado el crecimiento de las conexiones totales a CRA y como principal medida para atajar el problema se requiere una actualización urgente del contexto legal, largamente solicitada al Ministerio.
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Fuente: ministeriodelinterior.gob.es
