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Posible aplazamiento en el vencimiento adaptación a grado

Posible aplazamiento en el vencimiento adaptación a grado

Posible aplazamiento en el vencimiento adaptación a grado

Presentado un borrador de Orden ministerial que pretende ampliar el vencimiento del plazo de adaptación a grado de los sistemas de alarma al 31 de diciembre de 2023.

El pasado día 30 de junio, los miembros de la Comisión Nacional de Seguridad Privada recibieron un proyecto de Orden Ministerial en materia de plazos de adecuación de medidas de seguridad y sistemas de alarma, que pretende ampliar el vencimiento de la adaptación a grado de los sistemas de alarma de establecimientos obligados y no obligados al 31 de diciembre de 2023, solicitando comentarios a los miembros antes del 21 de julio.

De publicarse finalmente esta Orden, irá en contradicción con el escrito de 23 de abril de 2020, que recogimos en una noticia anterior, donde ratificaban la fecha 18 de agosto de 2021 para establecimientos obligados, así como con lo publicado hace unos meses en Boletín Azul donde decían que la fecha sería el 5 de junio de 2024, basado en una interpretación legal de dudoso fundamento jurídico.

El texto justifica ahora la propuesta en base a órdenes recientes recibidas desde el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia Covid-19.

GRUPO ON SEGURIDAD va a pedir a la asociación FES de la que somos miembros, perteneciente a la Comisión Nacional de Seguridad Privada, que muestre un rechazo total a dicho aplazamiento y que se mantenga la fecha prevista del 18 de agosto de 2021.

Nuestra motivación se basa en tres argumentos:

  1. Cuando llegase la fecha prevista del 18 de agosto de 2021, los usuarios habrán tenido 10 años para realizar dicha adaptación, tiempo más que sobrado para haberla llevado a cabo. Información han tenido, sobre todo los establecimientos obligados, pero siempre hay algunos que dejan para última hora sus obligaciones, incluso aquellas a las que se les ha dado una década de plazo. O quizás confían en lo que parece que va a ocurrir, que se ejercerá fuerza de lobby para ampliarlo aún más apoyado en algún motivo que lo justifique. Ya ocurrió con el plazo de 2 años dado a ciertos establecimientos obligados a tener caja fuerte a implantar videoverificación con una CRA que al final fue aumentado a 10.
  2. Envuelto en un “bienintencionismo” de ayuda económica al usuario con motivo de la COVID-19, se olvida que las empresas de seguridad también necesitan ayuda. Esperaban estas reformas de última hora como un empuje a sus negocios en estos momentos tan complicados que muchas atraviesan. Además, para los usuarios existe la herramienta de la financiación, que permitiría a aquel que lo necesite, no tener que acometer de golpe el desembolso de la inversión pudiendo dividirlo en los plazos que precise.
  3. Un parque de equipos viejos en nada ayuda a reducir las falsas alarmas por las que luego tantas quejas y sanciones producen, si bien curiosamente casi nunca contra el usuario. Nadie desea desplazamientos inútiles de nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que también son un gasto para nuestra sociedad.

Dudamos prospere la petición y que la Orden se publicara tal cual está, pero por intentarlo no va a quedar.

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